El pasado jueves 11 el Congreso de los Diputados aprobó la denominada Ley de Seguridad Ciudadana. El anteproyecto de la Ley y lo que ésta suponía lleva siendo objeto de debate y críticas mucho tiempo (aunque todavía no el suficiente, además de que se ha demostrado que las críticas de la ciudadanía no representan factores políticos de influencia para el Gobierno). Por eso no creo que pueda aportar nada nuevo a la más que sustentada crítica social y mediática (y eso que últimamente es raro que medios y sociedad coincidan), por ello, aconsejo para el que quiera informarse sobre todos los aspectos de la Ley la lectura de este artículo. Tampoco voy a centrarme en el hecho de que el PP haya aprobado esta Ley completamente solo, sin el respaldo de ningún otro político, que eso, independientemente de la mayoría absoluta que posee el PP en el Congreso de los Diputados y de lo "legitimados" que puedan estar, dice mucho de la nula pluralidad y consenso de esta Ley. Hoy solamente me voy a centrar en uno de los puntos que trata este nuevo texto que velará por nuestra seguridad: la legalización de las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Dicha legalización permite a las fuerzas, de nuevo fuerzas de seguridad, todo es por nuestra seguridad, devolver de forma inmediata a cualquier inmigrante que salte la valla de Melilla. La legislación anterior, de acuerdo con el resto de legislaciones europeas y con la Declaración Universal de Derechos Humanos, obligaba a los países a ofrecer al inmigrante un asilo temporal donde se tratarían cuestiones como la de analizar cuál es el país de origen del inmigrante y cuáles son las circunstancias que obligaron al mismo a cruzar una frontera (jugándose la vida) de forma ilegal; así como si la vida del inmigrante corre peligro en su país de origen y por qué. Con esta nueva ley, esto se ha acabado; se le ha otorgado a las fuerzas de seguridad la potestad de pisotear los derechos humanos, de ser responsables de devoluciones masivas, de desatender el principio de dignidad, de cargarse la historia.
Da igual que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, haya afirmado que esta medida contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas, este no es un país para los Derechos Humanos; da igual que provoque la repulsa de la mayor parte de la ciudadanía y que sea una de las leyes más impopulares de la historia, este país no es un país para la ciudadanía. Pero lo más grave de todo, lo más macabro, lo más goebbeliano es que la Ley se venda como una herramienta al servicio de la seguridad ciudadana, al servicio del bienestar. Creo que aquí hay una clara confusión de términos; el Gobierno no quiere seguridad para los ciudadanos, quiere estabilidad, quiere frenar la rebeldía ante las injusticias, quiere silenciar la protesta, quiere eliminar a la ciudadanía como actor político, agotar sus vías de participación, y de paso quiere que el pobre, el cual es más pobre que el pobre español, dejen de compartir causa, dejen de rebelarse contra un sistema injusto, dejen de entenderse y pasen a ser o enemigos o desconocidos, a creer que viven en realidades diferentes, cuando, salvando la diferencia de la gravedad, su problema es el mismo.


